Los accidentes de circulación pueden producir daños materiales y personales. En el peor de los casos, lesiones graves y hasta la muerte. Solemos pensar que de todo eso se encarga el seguro, pero muchas veces, para hacer valer nuestros derechos, tenemos que recurrir a un abogado. Incluso cuando estamos negociando con el seguro, antes de que se abra un pleito judicial. Son las disputas legales de los accidentes de circulación.
Según datos de la DGT, Dirección General de Tráfico, en España se producen al año más de 100.000 accidentes viales con víctimas. Si sumamos a estos, los accidentes leves que solo producen daños materiales, la cifra supera los dos millones.
Con datos actualizados de agosto del 2026, en trayectos por carretera, la mayor parte de los accidentes se producen en carreteras secundarias y carreteras comarcales; siendo las autopistas y las autovías las vías más seguras. También se producen más accidentes en trayectos cortos que en viajes largos y la siniestralidad aumenta en verano.
Respecto a los usuarios más perjudicados por estos accidentes, encontramos a la cabeza a los ocupantes de los turismos, que casi doblan a los motociclistas, que continúan teniendo un alto índice de siniestralidad. Entre medias de estos dos colectivos encontramos a los usuarios vulnerables: peatones, ciclistas, personas que circunstancialmente estaban en la carretera. El medio de transporte más seguro por carretera es el autobús. Es el que menor número de víctimas de accidente de tráfico presenta.
Con todos estos datos queremos ilustrar cómo, por desgracia, los accidentes de tráfico son una realidad palpable. Una situación ante la que muchas personas tienen que enfrentarse, intentando que afecte lo menos posible a sus vidas y buscando justicia y reposición cuando ha dejado efectos que pueden condicionar su existencia, durante un plazo determinado de tiempo o de manera definitiva.
¿Cuándo necesitas un abogado en un accidente de tráfico?
En España, como nos cuenta Diario Siglo XXI, no es imprescindible la asistencia jurídica en todos los accidentes de tráfico. Sin embargo, es recomendable cuando hay lesiones graves, hay múltiples afectados o cuesta llegar a un acuerdo con la aseguradora.
Cuando existen lesiones graves, especialmente si requieren hospitalización, rehabilitación, tratamientos prolongados o dejan secuelas, contar con asesoramiento jurídico puede ser fundamental para reclamar una indemnización acorde con los daños sufridos.
También resulta recomendable acudir a un abogado cuando surgen problemas con la compañía aseguradora. Puede ocurrir que la compañía de seguros rechace la reclamación, cuestione quién tuvo la responsabilidad del accidente o presente una oferta económica que no cubra todos los daños. En estos casos, un profesional puede revisar la propuesta, valorar las consecuencias del accidente y defender los intereses del afectado durante la negociación o, si fuera necesario, por vía judicial.
Los daños materiales importantes es otra situación en la que puede ser útil disponer de asistencia jurídica. La reparación o sustitución de un vehículo puede representar un coste elevado y, además, pueden existir otros perjuicios económicos relacionados con la imposibilidad de utilizarlo. Como, por ejemplo, afectar al trabajo o al medio de vida del damnificado.
La complejidad del accidente es un factor determinante. Cuando intervienen varios vehículos, existen versiones contradictorias sobre lo sucedido o no está clara la responsabilidad; la intervención de un especialista permite analizar las pruebas disponibles y establecer una estrategia de reclamación. Fotografías, informes médicos, atestados policiales, testimonios y partes del seguro pueden resultar relevantes para acreditar los hechos.
La función del abogado no se limita a presentar una reclamación. También defiende al perjudicado frente a decisiones de la aseguradora que puedan perjudicar sus intereses. Las compañías disponen de profesionales y procedimientos propios para gestionar los siniestros, por lo que contar con asesoramiento independiente permite conocer mejor los derechos que corresponden al afectado y valorar si la propuesta recibida es realmente la adecuada.
Como hemos visto, cuando un accidente provoca lesiones importantes, daños económicos elevados o una disputa sobre la responsabilidad, el asesoramiento jurídico puede convertirse en una herramienta de protección. Un abogado especializado ayuda a evitar errores, reclamar los conceptos que correspondan y actuar frente a posibles prácticas de la aseguradora que reduzcan injustificadamente la compensación.
¿Quién puede reclamar?
Los abogados de Trámites Fáciles Santander, una asesoría y bufete de abogados interdisciplinar, con profesionales especializados y una larga trayectoria en la gestión, intermediación y defensa legal en accidentes de circulación, dicen en su página web que, en realidad, cualquier persona afectada por un accidente de circulación puede reclamar una indemnización por los daños que le haya ocasionado el accidente.
La responsabilidad del pago corresponde al conductor que provocó el siniestro y, en los términos establecidos por la ley y la póliza de seguros, a su compañía aseguradora. La compensación puede incluir tanto los daños personales como los daños materiales derivados directamente del accidente.
Por tanto, puede reclamar cualquier persona perjudicada, independientemente del papel que desempeñara en el siniestro. Esto incluye a conductores, pasajeros y peatones. Incluso el conductor puede tener derecho a una indemnización cuando no sea responsable del accidente. Cada caso debe analizarse de forma individual para determinar quién responde y qué conceptos pueden reclamarse.
Los daños personales comprenden las lesiones físicas provocadas por el accidente, pero también pueden incluir determinadas consecuencias psicológicas. Traumatismos, fracturas, limitaciones funcionales o secuelas pueden generar derecho a compensación. En determinadas circunstancias, también deben valorarse problemas como la ansiedad o el estrés postraumático derivados del siniestro.
Los daños materiales constituyen otra parte de la reclamación. Además de los desperfectos sufridos por el vehículo, pueden existir daños en objetos personales que se encontraban en su interior. La valoración deberá determinar el coste de reparación o, cuando corresponda, el valor de los bienes que hayan quedado inutilizados.
Una cuestión especialmente importante aparece cuando la aseguradora presenta una oferta de indemnización. No siempre la primera cantidad propuesta refleja todos los daños. Por este motivo, antes de aceptar una compensación, conviene que un abogado revise la documentación, las lesiones, las circunstancias del accidente y el cálculo realizado por la aseguradora.
La cuantía de las indemnizaciones.
El Ministerio de Justicia elabora y publica en el BOE cada año una tabla que sirve de referencia para exigir las indemnizaciones relacionadas con los accidentes de circulación. Es lo que se conoce como baremo de tráfico. El método que se sigue para calcular y actualizar estas indemnizaciones se modificó con la Ley 5/2025 del 24 de julio, con la que se pretende dar una mayor protección a las víctimas.
El baremo de tráfico se actualiza cada año para adaptar las indemnizaciones a la evolución de los precios. A partir de este año, 2026, la actualización se realizará tomando como referencia el IPC del año anterior. Para este ejercicio, el incremento es del 2,9 %, que corresponde al IPC de 2025.
En la práctica, esta actualización modifica las cantidades utilizadas para calcular las indemnizaciones por lesiones temporales. En 2026, el perjuicio personal muy grave se sitúa en 127,13 euros diarios, mientras que el perjuicio grave alcanza los 95,35 euros. Para un perjuicio moderado, asociado habitualmente a periodos de baja, la cantidad es de 67,96 euros al día, y el perjuicio personal básico queda establecido en 39,20 euros diarios. Estas cantidades forman parte de las tablas oficiales utilizadas para valorar los daños personales.
El número y la naturaleza de los días de recuperación tienen, por tanto, una influencia importante en la indemnización. No se trata únicamente de contar los días transcurridos desde el accidente hasta el alta médica, sino de determinar qué perjuicio corresponde a cada periodo y cómo ha afectado la lesión a la vida cotidiana del accidentado. La documentación médica resulta fundamental para acreditar esta evolución.
Además, la valoración puede incorporar otros conceptos, como los gastos médicos, farmacéuticos, de rehabilitación o de desplazamiento que estén relacionados con el accidente. También deben analizarse las posibles secuelas que permanezcan una vez finalizado el proceso de curación.
Entre estas secuelas pueden encontrarse limitaciones físicas, dolor persistente, alteraciones funcionales o perjuicios estéticos. Asimismo, determinadas consecuencias psicológicas, como ansiedad, miedo a conducir o estrés postraumático, que pueden tenerse en cuenta cuando estén médicamente acreditadas y exista relación con el accidente. Por ello, calcular correctamente una indemnización requiere valorar el conjunto de consecuencias del siniestro y no únicamente aplicar una cantidad por cada día de baja.
Cómo se resuelve.
En la revista Economist & Jurist, el abogado Alberto Salas, director de Traficalia, una asociación de abogados civiles y penales especializados en asesorar a víctimas de accidentes de tráfico, comenta un caso real que ilustra bastante bien cómo se resuelve la reclamación de subvenciones.
Este caso pone de manifiesto hasta qué punto una indemnización puede ser insuficiente cuando no tiene en cuenta todas las consecuencias económicas del siniestro. En este asunto, el perjudicado decidió acudir a los tribunales al considerar que la propuesta de la aseguradora no compensaba adecuadamente la pérdida de ingresos que había sufrido.
El accidente ocurrió cuando un vehículo que circulaba por una vía urbana no respetó un cruce y terminó chocando por detrás contra un taxi de más de diez años de antigüedad. El impacto provocó daños en la estructura del automóvil y una lesión en el hombro del taxista. Como consecuencia de la contusión, el afectado, que trabajaba por cuenta propia, permaneció varias semanas sin poder desarrollar su actividad profesional en el taxi.
Poco después del accidente, la compañía aseguradora presentó una primera propuesta de indemnización. El perjudicado consideró que la cantidad ofrecida no reflejaba la pérdida económica provocada por el periodo durante el que estuvo incapacitado para trabajar. Ante esta situación, decidió solicitar asesoramiento jurídico.
El abogado inició las conversaciones con la aseguradora y aportó documentación médica que acreditaba las lesiones y la imposibilidad temporal de trabajar. La compañía mantuvo que las consecuencias del accidente no tenían la gravedad alegada y rechazó incrementar la indemnización. También sostuvo que había ofrecido al afectado la posibilidad de realizar un seguimiento médico, propuesta que, según su versión, habría sido rechazada.
Al no alcanzarse un acuerdo, el abogado presentó una demanda civil contra la aseguradora. Durante el procedimiento, la compañía volvió a defender que había actuado correctamente y que había puesto medios médicos a disposición del perjudicado. Sin embargo, no consiguió acreditar que este hubiera rechazado someterse al reconocimiento médico ofrecido.
Finalmente, el juzgado dio la razón al demandante y reconoció íntegramente la cantidad reclamada. El caso demuestra la importancia de documentar las lesiones, las consecuencias laborales y las pérdidas económicas después de un accidente.
El lucro cesante en los accidentes de circulación.
Los abogados de Trámites Fáciles Santander hablan en su página web de un concepto, el lucro cesante, que a la mayoría de los ciudadanos nos resulta desconocido y que puede suscitar conflictos legales entre el demandante y la aseguradora de la parte contraria.
El lucro cesante es la pérdida económica que sufre una persona como consecuencia de un accidente de tráfico. No puede trabajar con normalidad y deja de obtener unos ingresos que previsiblemente debería haber percibido si se encontrara en condiciones normales. No se debe confundir con los gastos médicos y con los daños materiales: aquí se indemniza el dinero que se ha dejado de ganar por la incapacidad temporal o permanente provocada por las lesiones.
Para calcularlo es necesario acreditar tanto la existencia del perjuicio como su cuantía. En el caso de un trabajador por cuenta ajena, pueden utilizarse las nóminas, contratos, declaraciones del IRPF y otros documentos que permitan conocer sus ingresos habituales. En los autónomos, la documentación fiscal y contable adquiere especial importancia, ya que permite comparar los ingresos anteriores con los obtenidos después del accidente.
El cálculo también tiene en cuenta la duración de la incapacidad. No es lo mismo permanecer unas semanas de baja que sufrir una lesión que reduzca de manera permanente la capacidad para desarrollar una profesión.
En este concepto, también se contempla el trabajo no remunerado. Las personas que se dedican a las tareas del hogar pueden reclamar por la pérdida de esa capacidad productiva, aunque no perciban un salario. En menores que todavía no han comenzado a trabajar, se realizan estimaciones sobre sus posibles ingresos futuros. Por eso, el lucro cesante exige analizar las circunstancias económicas y laborales concretas de cada víctima.
